Torra se va inhabilitado con una sola inauguración en Tarragona en 28 meses de gestión

El 131è President cortó la cinta del Palau d’Esports e impulsó la nueva Ciutat de Repòs, pero su gobierno no ha desbloqueado el Fòrum Judicial ni ha iniciado las obras del Joan XXIII

OCTAVI SAUMELL

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Imagen de ayer de las obras del nuevo Centre Obert. FOTO: Alba Mariné

Imagen de ayer de las obras del nuevo Centre Obert. FOTO: Alba Mariné

Los dos años, dos meses y 11 días de Quim Torra (Junts per Catalunya) como 131è President de la Generalitat de Catalunya pasarán a la historia con luces y sombras para la ciudad de Tarragona. El gobierno del político inhabilitado el pasado lunes por el Tribunal Supremo ha logrado cortar la cinta del Palau d’Esports y desbloquear temas pendientes como el nuevo Centre Penitenciari Obert, la Escola Arrabassada o la nueva Ciutat de Repòs, pero no ha dado señales de vida con el Fòrum Judicial ni ha iniciado la esperadísima rehabilitación del Hospital Joan XXIII.

De hecho, el 20 de junio de 2018 Quim Torra –que solo llevaba un mes y tres días en el cargo– inauguró el equipamiento estrella de los Juegos del Mediterráneo: el Palau, un recinto por el que la Generalitat pagó 18 millones de euros y que hoy, casi dos años y medio después, sigue cerrado y sin un uso diario por parte de la ciudadanía ante la falta de acuerdo entre Govern y Ayuntamiento. «Ha sido un President próximo y constructivo con el gobierno de Tarragona», indica el alcalde, Pau Ricomà (ERC).

Obras con retraso

En el lado positivo de la gestión está el hecho de que se ha encontrado una opción para la histórica Ciutat de Repòs, cerrada desde finales de 2009. El pasado mes de marzo, justo antes del Estado de alarma, el conseller de Treball, Afers Socials i Família –Chakir el Homrani (ERC)– anunció que el espacio se convertirá en el albergue juvenil de mayor tamaño de Catalunya. Para ello, está previsto invertir un total de 12,2 millones de euros. «Después de tantas incertidumbres y problemas, toda esta inestabilidad no ayuda. La inhabilitación es desproporcionada, pero ahora necesitamos gestión para superar la situación» indica el presidente de Pimec en Tarragona, Jordi Ciuraneta.

Asimismo, en enero se iniciaron las obras del nuevo Centre Penitenciari Obert, que en marzo se vieron afectadas por la paralización por la crisis del coronavirus. Las obras quedaron paradas en la fase de movimiento de tierras y cimentación, y se retomaron en mayo. Es un equipamiento con una inversión de 9,5 millones de euros, que tenía que estar acabado el verano del año que viene. Tendrá una superficie de 6.120 metros cuadrados y una capacidad para 146 personas en tercer grado penitenciario.

Asignaturas pendientes

Ni en positivo ni en negativo podría calificarse la gestión de la nueva Escola Arrabassada, que tras numerosos problemas sigue construyéndose en el barrio de Llevant. Está previsto que las obras, que primero chocaron con las rocas del terreno y posteriormente con los problemas de la empresa constructora, estén listas este próximo verano, tras una inversión global de 4,5 millones de euros. En materia educativa, la secretaria general de CCOO en Tarragona, Mercè Puig, denuncia «falta constante de diálogo social, como se ha visto claramente en el regreso a la escuela, en la que el Govern no ha escuchado a los sindicatos».

Asimismo, en el otro lado de la balanza se podría incluir la reforma del Hospital Joan XXIII, anunciada a finales de 2016 por 48,5 millones de euros, pero de la que aún no se ha puesto la primera piedra tras impulsar el concurso de ideas. Recientemente, el delegado del Govern, Òscar Peris (ERC), recalcó que el proyecto «sigue el calendario previsto», ya que «pese al coronavirus es una apuesta estratégica». El secretario general de la UGT, Joan Llort, considera que a raíz de la crisis sanidad de la Covid–19 «se ha evidenciado la falta de recursos para los profesionales de la sanidad, a la atención domiciliaria y a las residencias».

La peor nota entre los grandes proyectos para Torra llega desde el ámbito jurídico, ya que no se ha dado ningún paso para hacer realidad el esperado Fòrum Judicial. «Como todos sus predecesores, no ha desatascado esta deuda de la Generalitat con las abogadas y abogados de Tarragona y todo el sector judicial de nuestra demarcación. Somos la única capital de provincia de Catalunya que no cuenta con un equipamiento que centralice todos los servicios de Justicia, incluso otras ciudades que no son capitales lo tienen. Es un agravio comparativo al que se debe poner solución», indica la secretaria de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, Estela Martín.

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