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Tarragona, en riesgo de inundación por el cambio climático

75.000 catalanes se podrían ver afectados por las inundaciones dentro de una década y hasta 190.000 en un período de 500 años

Diari de Tarragona

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Tarragona, en riesgo de inundación por el cambio climático

Tarragona, en riesgo de inundación por el cambio climático

Las inundaciones derivadas de la crisis climática pondrán en situación de riesgo a casi 330.000 ciudadanos de las zonas costeras en España dentro de diez años, con especial afectación en los territorios de la Comunidad Valenciana y Catalunya, incluida Tarragona, que se encuentra entre las provincias más afectadas en superficies absolutas según un estudio del Observatorio de la Sostenibilidad.

La mitad de los 330.000 ciudadanos  afectados están en la Comunidad Valenciana, y ya casi serán un millón en un horizonte de 500 años, un tercio en esta región. Catalunya se sitúa en segundo lugar, con casi 190.000 habitantes afectados por riesgo de inundación en el período de 500 años y 75.000 en una década, seguida de Andalucía, donde el estudio se estima en más 130.000 las personas expuestas a 500 años y casi 39.000 en una década.

Los autores del informe creen que el cambio climático provocará un aumento de las situaciones meteorológicas excepcionales por la irregularidad en las precipitaciones y los cambios notables en los flujos de lluvia, lo que podría derivar en inundaciones más imprevisibles, torrenciales y de efectos más adversos.

El estudio indica que el 2,35 por ciento de la superficie artificial -correspondiente a núcleo urbano, suelo industrial, suelo artificial de uso agropecuario, usos terciarios, equipamientos y infraestructuras- de la franja costera de la España peninsular y de las Baleares se encuentra en la lámina de inundación con periodo de retorno de diez años y el 8,91 para un período de 500 años, la mayor parte en la costa cálida (Mediterráneo y Atlántico sur).

Sólo las superficies artificiales de las provincias costeras gallegas están poco expuestas a las inundaciones, indica el estudio, que incide en que no hay ninguna provincia con escasa afección en el Mediterráneo y Atlántico sur.

Según constata el estudio, la mayor parte de las áreas artificiales en riesgo de inundación en la costa cálida son consecuencia del desarrollo turístico inmobiliario, mientras que en la costa norte se trata de áreas urbanas históricas más consolidadas y tradicionalmente asentadas en el fondo de valles fluviales.

Valencia es la provincia con mayor riesgo de impacto en términos porcentuales, ya que ocupa el primer lugar en términos relativos en un horizonte de 100 y 500 años y el tercero en 10 años, mientras que Valencia, Barcelona, Alicante, Málaga y Tarragona son las provincias más afectadas en superficies absolutas.

El tramo con más acumulación de riesgo sobre las áreas urbanizadas costeras se extiende entre el sur de la ciudad de Valencia y el Cap de la Nau, con más de 1.500 hectáreas de superficie artificial situadas sobre láminas de inundación en un tramo de costa de unos 100 kilómetros.

Llama la atención el hecho de que la totalidad de los camping ubicados en la provincia de Valencia se encuentran en zonas inundables.

El informe remarca que las inundaciones son la catástrofe natural que más daños genera en España y de hecho el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero de España cuantifican en 800 millones de euros de media al año su coste.

En los últimos años se han registrado más del doble de inundaciones repentinas de magnitud media o elevada que a finales de la década de 1980 y, según el estudio, el cambio climático es un factor de agravamiento, que provoca cambios en los patrones de las precipitaciones y del clima, la subida del nivel del mar y, en consecuencia, inundaciones más frecuentes y graves.

Los expertos recomiendan retraer la superficie urbanizada, sobre todo en aquellas áreas con desarrollos ilegales o irregulares, revisar los planes de urbanización ya aprobados, adaptar el diseño de infraestructuras al potencial peligro de inundación, proteger a los colectivos más vulnerables, implantar soluciones basadas en la naturaleza, desarrollar adecuados planes de gestión del riesgo de inundación e identificar las fuentes de financiación para ello.

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