Ricomà acepta 78 de las 83 peticiones que exige ECP para avalar las cuentas

Si hay presupuesto, el gobierno local se compromete a pactar una disculpa «constructiva» sobre la ruptura de junio

Octavi Saumell

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El alcalde Pau Ricomà, en una imagen con Carla Aguilar (ECP). FOTO: ACN

El alcalde Pau Ricomà, en una imagen con Carla Aguilar (ECP). FOTO: ACN

El gobierno municipal (ERC-Junts per Tarragona-CUP) acepta el 93,9% de las exigencias que En Comú Podem ha puesto sobre la mesa para avalar el presupuesto municipal de este año, que aún sigue en vilo ante la falta de acuerdo político entre el ejecutivo local y el exsocio de Esquerra Republicana en la Plaça de la Font. 

Según ha podido saber el Diari, la comisión negociadora del equipo del alcalde Pau Ricomà (ERC) entregó la pasada semana un documento de respuesta a las propuestas de ECP, en el que se evidencia que el gabinete local acepta 78 de las 83 peticiones que el grupo encabezado por Carla Aguilar presentó para estudiar su posible aval a las cuentas de 2022.

Detallan el «qué» y el «cómo»
En global, según se especifica en el trabajo de respuesta elaborado por el ejecutivo, las 23 principales partidas acordadas con En Comú Podem sumarían un montante global de 8,3 millones de euros. Entre las acciones que contarían con una mayor dotación económica se encuentran los dos millones para la adquisición de vivienda social; otros dos para mejoras en los espacios públicos de los barrios; los 600.000 euros para la renaturalización del Francolí y el derribo de la plataforma del Miracle; o los 500.000 para la instalación de placas solares, comunidades energéticas y la mejora en eficiencia energética o en el alumbrado público. También se incluyen 374.000 euros para un estudio independiente sobre la calidad del aire; 360.000 para lavabos públicos en todos los distritos; ó 250.000 para recursos en la redacción del nuevo Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

 El escrito, que cuenta con 14 páginas, especifica con detalle la fórmula de financiación de cada una de las 78 actuaciones a las que el gabinete de la Plaça de la Font se «compromete públicamente» a ejecutar, con el fin de «apostar, ahora más que nunca, por las políticas sociales y de bienestar que necesita la gente de Tarragona en el actual contexto de crisis», así como para «implementar las mejoras en el espacio público y en los equipamientos para una ciudad más amable, cohesionada, verde y accesible».  

Así, en la explicación de cada uno de los puntos se observa que el plan del gobierno de Ricomà es impulsar 37 de las medidas con recursos propios (con partidas de otros años –o con otros nombres– o con el personal municipal disponible); 31 con partidas explícitas en el presupuesto de 2022 con la denominación  que propone ECP; 4 con el remanente de tesorería que se conocerá en marzo; 4 mediante organismos municipales (2 Smhausa, uno Serfumt y otro el IMSST); uno con un modificativo de crédito –el dentista municipal–; y otro –lograr una tasa de la basura más progresiva– mediante una modificación de la ordenanza municipal. 

Peticiones «más maduradas»   
En el informe, al que ha tenido acceso este periódico, se asegura que la comisión negociadora del gobierno –integrada por representantes de los tres partidos que lo conforman– acepta ahora 13 peticiones que inicialmente no habían sido acordadas en la primera ronda de conversaciones que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre, y que finalizó antes de Navidad con el «no» de la edil de los Comuns a las cuentas en la comisión de Serveis Centrals, pese a que la asamblea de militantes de su partido –Catalunya en Comú– había avalado un «sí» con el 76% de los votos. En ese momento, Carla Aguilar justificó su decisión en el hecho de que su socio de coalición –Podem– había rechazado el presupuesto por un 33-0 de su militancia, mientras que el resultado de los Comuns fue de 19-6. En total, un 39-19 a favor de los morados, que a diferencia de Catalunya en Comú sí que aceptaron el voto delegado.  

Así, tras una semanas de reflexión, el equipo de Ricomà ha «reconsiderado algunos puntos» que, hace un mes, habían sido denegados por parte el gobierno local pero que ahora se avalan  tras «haberlas madurado más», según se indica en el documento que fue entregado hace ya ocho días a la delegación de En Comú Podem. 

Entre las medidas que se pueden incluir están el coworking para las rentas bajas; la ampliación del Fons de Contingència; las exenciones de la zona azul; las nomenclaturas para elementos de riesgo; el dentista municipal; el veterinario municipal; el informe sobre la residencia de l’Arrabassada; la rehabilitación del Hotel d’Entitats; el diagnóstico del urbanismo feminista; el proyecto Tarragona Cuida; la Escola Feminista; la brigada para la recogida de animales; y el aumento de la subvención a la Protectora d’Animals.  

«Declaración de reparación»
Tras las fiestas navideñas se retomaron las negociaciones y, a principios de enero, En Comú Podem hizo llegar un paquete de 13 propuestas sobre las que ya se había negociado en la primera ronda, pero que no había quedado suficientemente definido el grado de compromiso del ejecutivo. Asimismo, de manera paralela, se incorporó una premisa inicial: «reflejar de alguna manera que las formas no fueron las correctas en el momento del cambio de gobierno, considerando que el gobierno incumplió el acuerdo y el pacto transfuguismo», por lo que Podem y Comuns  exigían que en caso de llegar a un acuerdo se debería «explicitar este punto de una forma pública por parte del gobierno». 

En su escrito de contestación, el gabinete de ERC, Junts per Tarragona y la CUP indica, textualmente, que «si se llega a un acuerdo será posible pactar una disculpa con finalidad constructiva, de reparación y de reconocimiento, lejos de motivaciones negativas ni de ataques a nadie». 
Asimismo, en esta segunda fase de las conversaciones, una condición sine qua non de En Comú Podem es «agotar todas las vías» para intentar paralizar la nueva residencia privada para gente mayor que Domus VI debe construir en un solar municipal de la Vall de l’Arrabassada. Sobre ello, el gobierno local acepta destinar 10.000 euros del nuevo presupuesto para externalizar, en el primer semestre de este año, un informe jurídico para estudiar la viabilidad para poder frenar esta adjudicación.

El gabinete de Ricomà también vería con buenos ojos ceder un solar municipal a la Generalitat para construir una nueva residencia pública, así como que los 135.000 euros del canon que pagará Domus VI –en caso de que se haga la obra– se destinen «exclusivamente» para políticas para la Gent Gran. 

Respecto al mes de diciembre, ahora Esquerra, Junts per Tarragona y CUP concretan que los 500.000 euros que ECP pide para los presupuestos participativos se financiarían con el remanente. En el documento también se concreta que, en referencia al plan de reconstrucción de barrios –valorado en dos millones de euros– se actuará en la antigua Torre Forta; se rehabilitarán parques y jardines de la calle Riu Llobregat de Campclar; se crearán carriles bici desde el Anillo Mediterráneo de Campclar hasta Bonavista por la avenida President Tarradellas; se mejorarán las aceras de la zona Interbloques de Sant Salvador; se rehabilitará el acceso al Parc de la Muntanyeta; se hará una zona para peatones desde el Pont del Diable hasta Sant Salvador; se adaptarán las aceras de la Part Baixa «para que puedan pasar personas con movilidad reducida»; se impulsará el carril bici en la calle Reial, Torres Jordi y Passeig de la Independència, «conectando así los barrios de Ponent con la estación de la Renfe»; y «se rehabilitará y mejorará el camino paralelo al río Francolí hacia Sant Salvador».  

En su respuesta, el gobierno detalla también que, con el remanente, habrá 50.000 euros para el espacio de Salut Mental Col·lectiva; 65.000 para subvenciones a Casals Adaptats (40.000 del remanente y 25.000 con partida presupuestaria); 90.000 para la rehabilitación de la Torre Forta; 10.000 para la campaña contra la soledad no deseada en los comercios; y 10.000 para la campaña de Silenci als comerços. 

En el documento también se confirma que en el apartado de inversiones del nuevo presupuesto habrá una partida «explícita» para derribar la plataforma del Miracle, así como otra para «la rehabilitación de la Tabacalera para trasladar servicios administrativos». En este último caso, el ejecutivo responde a En Comú Podem que, en las cuentas de 2022, «habrá partida para hacer el proyecto, y al siguiente año en todo caso la ejecución», ya que de lo contrario «apalancaremos el dinero» porque la exigencia de los Comuns es la de reservar para esta actuación un millón de euros.   Finalmente, el informe revela que, con el remanente, se destinarán 300.000 euros para rehabilitar el antiguo Hotel d’Entitats, así como 500.000 para las zonas de la ciudad con una renta inferior al 40% de la media. 

Ahora está por ver si las 78 medidas aceptadas por escrito pesan más que las cinco que no han pasado el corte del segundo round: el aumento de los presupuestos participativos; el incremento económico para la licitación del SAI; más animadores; más personal al área de Ciutadania; y el refuerzo del equipo municipal de atención al CRAAMT. Para los Comuns, el voto debe ser «sí», pero para Podem «no». Carla Aguilar desempatará.   

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