Frente común para poner fin a la violencia callejera en Tarragona

Ayuntamiento, cuerpos policiales y vecinos trabajan conjuntamente para que cesen de una vez por todos las peleas y los robos en El Serrallo y en la Part Alta de la ciudad

Carla Pomerol

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Policía identificando un joven en el Rancho Grande de El Serrallo. FOTO: pere ferré

Policía identificando un joven en el Rancho Grande de El Serrallo. FOTO: pere ferré

Tarragona ha registrado en las últimas semanas importantes episodios de violencia callejera. La mayoría de ellos, se centran en dos puntos de la ciudad: El Serrallo y la Part Alta. La problemática es muy parecida en ambos lugares, aunque con algunos matices. Se trata de jóvenes que ocupan viviendas –en la mayoría de casos son propiedad de los bancos– de manera ilegal. Se instalan en ellas y aquí empieza el calvario para los que viven alrededor. Robos, peleas, insalubridad y trapicheos con drogas, entre otros, se han convertido en el pan de cada día para estos vecinos.

Finalmente, el Ayuntamiento, junto con las entidades vecinales, ha decidido ponerse manos a la obra y acabar con esta situación. 

Una de las primeras medidas que se han llevado a cabo es el aumento de la presencia policial en las calles más conflictivas, como puede ser la calle Sant Andreu en El Serrallo o Ferrers en la Part Alta. «No creo que poner más agentes solucione el problema pero, como mínimo, nos sentimos un poco más protegidos y seguros», explica Antoni, un vecino de El Serrallo. 

Las asociaciones de vecinos llevan años reuniéndose con el Ayuntamiento, intentando buscar soluciones.

En el caso concreto del barrio marinero, la problemática se concentra sobre todo en un bloque ubicado en la calle Sant Andreu, número 2, conocido como Rancho Grande.

Casi todos los pisos están ocupados de manera ilegal por personas que, en repetidas ocasiones, han protagonizado conflictos vecinales. El más grave ocurrió hace un par de semanas, cuando dos clanes que ocupan el edificio se pelearon con cuchillos, navajas y barras de hierro. El episodio acabó con un detenido y varios identificados. La investigación sigue abierta. 

Desde entonces, el equipo de gobierno empezó a mover ficha. Primero, ha dado un ultimátum a las entidades bancarias para que se hagan responsables de los pisos vacíos. Si no lo hacen, el Ayuntamiento amenaza con sancionarlos.

Por otro lado, la Guàrdia Urbana tapió hace unos días uno de los pisos del Rancho Grande. «Los ocupas han abandonado la vivienda y, por lo tanto, procedemos a tapiar la puerta para que nadie vuelva a entrar», explicaba entonces el portavoz del gobierno municipal, Xavi Puig.

Finalmente, la semana pasada, el técnicos del Ayuntamiento y de la compañía eléctrica retiraron los contadores de los pisos del bloque en cuestión que tienen enganchada la luz de manera ilegal. Por lo que se puede ver hasta el momento, la estrategia del Consistorio es echar del Rancho Grande a los ocupas.

La Part Alta
En la Part Alta, la situación es muy similar. De hecho, a finales del año pasado, la Guàrdia Urbana ya activó el dispositivo Vibio, de vigilancia y mayor presencia policial, para acabar con la sensación de inseguridad que se vivía en la zona. El confinamiento no ha hecho más que empeorar la situación.

En este caso, el conflicto se centra en la calle Ferrers, a escasos metros del Ayuntamiento. Un grupo de ocupas tiene atemorizados a los residentes en la Part Alta. Se instalaron ilegalmente en el número 7, pero no se esconden en intentar ocupar otros bloques de la misma calle. Peleas, gritos, robos y amenazas. A finales de marzo, un vecino se atrevió a denunciarlo ante los Mossos. 

La presencia policial también ha aumentado en el lugar. Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana detuvieron el pasado jueves tres jóvenes por diferentes robos con fuerza y violentos. A todos ellos se les investiga por hechos delictivos llevados a cabo en el caso antiguo de la ciudad, desde el pasado mes de marzo hasta la actualidad. El modus operandi de este grupo es escalar las fachadas, golpear las ventanas y entrar al interior de la vivienda. Los vecinos optan por grabar en vídeo las imágenes y facilitar el trabajo a la policía. 

«La situación es tan extrema que ya no tenemos ni miedo. Nos intimidan constantemente. Hemos aprendido a vivir así», explica un vecino de la calle Ferrers. Muy parecido opinan los residentes en El Serrallo. Muchos de ellos se plantean vender sus pisos e irse a otro punto de la ciudad, donde se sientan más seguros.

Imagen del pasado domingo, donde se detuvo un joven. FOTO: cedida

«No gozáis de impunidad»
«Ha habido episodios de violencia muy graves y preocupantes. Incluso hay algunas organizaciones que se han hecho fuertes en las calles y se han pensado que cuentan con total impunidad», explicaba ayer el portavoz del gobierno municipal, Xavi Puig, quien dejaba claro que «la presencia policial ha aumentado justamente para enviarles un mensaje a estos grupos: no gozáis de impunidad». Puig recuerda a los vecinos, tanto de El Serrallo como de la Part Alta, «que son los puntos más calientes hoy en día» –dice el portavoz–, «que estamos de su lado». 

Para el Ayuntamiento, la presencia policial no es la única solución. «Se trata de un problema poliédrico. Paralelamente estamos trabajando, manteniendo conversaciones con los vecinos y reclamando a otras administraciones su responsabilidad», asegura Puig, quien denuncia que los ex menores tutelados por la Generalitat no cuentan con el permiso de trabajo para poder contar con sus propios recursos. «Aquí se encuentra el origen del problema», acaba Puig. 

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