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El fiscal investiga a la empresa que gestionará la residencia de gente mayor de la Arrabassada

DomusVi es una de las compañías que más ha sufrido la crisis de la Covid-19 con 84 decesos en su equipamiento de Premià de Mar, que fue intervenido en abril por el Govern

Octavi Saumell

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El fiscal investiga a la empresa que gestionará la residencia de gente mayor de la Arrabassada

El fiscal investiga a la empresa que gestionará la residencia de gente mayor de la Arrabassada

La Fiscalía del área de Mataró ha iniciado una investigación sobre los 84 fallecimientos denunciados en la residencia Ca n’Amell de Premià de Mar, a raíz de la crisis del coronavirus. Este equipamiento está gestionado por la empresa DomusVi, que en septiembre de 2019 ganó el concurso para construir y dirigir un nuevo geriátrico en un solar municipal de la Vall de l’Arrabassada que, inicialmente, estaba previsto que se destinara para un centro educativo público pero que, al final, albergará un equipamiento privado mediante una concesión administrativa por un periodo de cincuenta años, a cambio de un canon anual de 135.000 euros.

Precisamente, la compañía que liderará el proyecto en el barrio de Llevant ha sido una de las que más ha sufrido los efectos del coronavirus. En la instalación del Maresme ha sufrido 84 muertes de personas mayores y 172 contagios, lo que representa el 90% de los residentes. El pasado jueves, los familiares de los fallecidos emitieron un comunicado de prensa en el que denunciaron «ocultación de muertes, falta de colaboración con el ministerio publico y mala gestión», por lo que anunciaron que están estudiando emprender acciones legales contra el centro.

Asimismo, la situación no acaba aquí. En abril, el alcalde de la localidad del Maresme –Miquel Àngel Méndez– denunció una «negligencia absoluta de la dirección de la residencia». A raíz de ello, el 3 de abril el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya (CatSalut) intervino la residencia de Ca n’Amell, tras constatar una «gestión irregular» en dos muertes a causa de la Covid-19 no notificadas. Según informó en un comunicado, el centro geriátrico no informó de las defunciones por coronavirus hasta el día 1 de abril, a pesar de que el Centre de d’Assistència Primària (CAP) les reclamaba desde el 23 de marzo datos de pacientes y posibles infectados. Ante esta situación, y siguiendo órdenes del CatSalut, profesionales de asistencia primaria entraron en la residencia para tomar el control de la gestión del centro.

La CUP ‘apreta’ a Ricomà

Precisamente, el proyecto de Llevant ha sido uno de los puntos en los que el gobierno municipal (ERC-Comuns) ha perdido el apoyo de la CUP. Así se revela en el acta de la Comissió Informativa de Territori del pasado 12 de marzo, en la que se aprecia que la cupaire Laia Estrada pidió al ejecutivo de la Plaça de la Font que «paralizara» la tramitación del Plan Especial y denunció «falta de información» sobre la modificación urbanística. «No podemos permitir que esta ni ninguna otra empresa haga negocio a costa de la gente mayor. Antes de la pandemia y que DomusVi fuese investigada, la CUP ya denunciamos que la implantación de esta compañía en nuestra ciudad se gestó de forma opaca y poco ética por parte del PSC y el PP, facilitando su ubicación a un espacio reservado para uso educativo. Tristemente, ERC y ECP no han parado esta operación, sino que han terminado de sacarla adelante a pesar de nuestras protestas», lamentó ayer la portavoz anticapitalista.

El resto de formaciones apelan a la «presunción de inocencia» y al hecho de que, en Tarragona, la empresa no ha cometido ninguna irregularidad. «Estudiaremos a ver cómo evoluciona el tema y, en base a ello, pediremos informes a Secretaría sobre las posibilidades de replantearlo», afirmó ayer la concejal de Ciutadans Sonia Orts. Dídac Nadal (Junts) se muestra más preocupado «por la afectación» que las obras «pueden tener en los vecinos del entorno». El Diari intentó conocer la opinión del gobierno municipal, pero el concejal de Patrimoni, Hermán Pinedo (ECP), declinó realizar manifestaciones al respecto, según comunicó a este periódico el gabinete de prensa municipal.

140 plazas de residencia

Todo este proceso se inició bajo el mandato de Josep Fèlix Ballesteros (PSC), pero fue en la Junta de Govern Local del 20 de septiembre de 2019 –ya con Pau Ricomà en la alcaldía– que se adjudicó la concesión a DomusVi, a cambio de que la firma construya el inmueble y pague anual de 135.000 euros durante medio siglo.

Se da la circunstancia de que el solar en el que se construirá la nueva residencia privada – en la calle Mercè Rodoreda, en una finca situada junto a Llorenç Vilallonga–, es en la que inicialmente estaba previsto ubicar la escuela pública del barrio de Llevant, que al final se edifica –no sin problemas– en otro terreno cercano.

Por ello, en el POUM se concreta que el solar –que cuenta con 10.473 metros cuadrados de superficie y que tiene una fuerte pendiente– estaba calificado como de uso educativo. De hecho, el Consistorio llevó a cabo la licitación y la adjudicación del uso del terreno –por medio siglo – con la condición de que la empresa ganadora debía tramitar el Pla Especial para recalificar el uso y permitir que se incluyera la actividad sanitaria, así como asumir el coste de construcción del inmueble. En este sentido, desde la empresa se informó ayer que «ya se ha otorgado el cambio de uso y se está tramitando la licencia», por lo que las obras «saldrán en breve a licitación». Desde DomusVi se añade que «se están cumpliendo los plazos, a pesar de la Covid-19» y resaltan que «la previsión de apertura es en el primer trimestre de 2022».

Según el informe de la Oficina de Projectes que consta en el expediente, «prácticamente la totalidad» de las 140 plazas residenciales y 20 de centro de día que oferta DomusVi «van muy en la linea del producto de calidad y de alto standing que define el anteproyecto». Según la adjudicación, el Ayuntamiento se reserva anualmente el derecho a usar de forma gratuita tres plazas para «personas con riesgo de exclusión social, personas en grado de dependencia» y ciudadanos que «estén a la espera de una plaza no muy lejana». El inmueble, que ocupará el 60% de la parcela, contará con planta baja, una de soterrada y dos niveles de altura.

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