El PSC se planta ante Ricomà

La formación socialista rechaza negociar el presupuesto municipal de 2022 con ERC ante «las diferencias internas que hay el gobierno local» tras el anuncio del posible inicio de las conversaciones 

Octavi Saumell

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Sandra Ramos y Josep Fèlix Ballesteros, en un momento del pleno municipal del pasado 17 de diciembre. FOTO: Àngel Ullate

Sandra Ramos y Josep Fèlix Ballesteros, en un momento del pleno municipal del pasado 17 de diciembre. FOTO: Àngel Ullate

No habrá deshielo entre Esquerra Republicana y PSC en la Plaça de la Font. Pese a las declaraciones de esta semana en este periódico y en varios medios de comunicación de la portavoz municipal, Sandra Ramos, en las que abría la puerta a «sentarse» hoy miércoles con el gobierno local (ERC-Junts per Tarragona-CUP) para explorar vías de acuerdo e «ir más allá del presupuesto» para «salvar a Tarragona del desastre actual», finalmente el grupo socialista en el Ayuntamiento –conjuntamente con el Primer Secretari de la ciudad, Santi Castellà–, acordó ayer no negociar las cuentas del próximo año con el gabinete liderado por el alcalde Pau Ricomà (ERC) y descartar, de esta forma, la vía apuntada por la número ‘2’ del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros en las Municipales de 2019. 

Según las fuentes consultadas por el Diari, la decisión de anular la cita prevista para hoy con Esquerra se tomó a última hora de este martes, en una reunión telemática de grupo, tras «constatar» las «diferencias internas que hay en el gobierno local» ante el posible inicio de las conversaciones para intentar llegar, in extremis, a un acuerdo presupuestario de mínimos. 

En concreto, al PSC no le gustaron las dudas y la frialdad expresadas por la CUP, que había manifestado en declaraciones a este rotativo que, a su juicio, lo que se haría en estas reuniones sería «dar respuesta a las propuestas planteadas por el PSC, como se dieron a En Comú Podem, con quien queremos seguir hablando», sin citar la posibilidad de negociar el conjunto de las previsiones económicas para 2022 con la formación más votada del pleno tarraconense. 

«Aún ni nos han contestado»
Los representantes socialistas se debatieron ayer especialmente en dos cuestiones. La primera, plantarse ante Ricomà «al no habernos dado aún ninguna respuesta al decálogo que presentamos el pasado 14 de diciembre» –que proponía un paquete de actuaciones valorado en ocho millones de euros–; mientras que la segunda era negociar con los republicanos en base a nuevas exigencias que comportaran una «enmienda a la totalidad» a las partidas incluidas en el presupuesto, que fue rechazado el pasado jueves en la comisión de Serveis Centrals, precisamente, con los votos en contra de los socialistas. 

En concreto, la propuesta que la delegación negociadora del PSC había planteado poner ahora sobre la mesa añadía más de dos millones de euros en modificaciones del presupuesto, como serían la eliminación de partidas como los 340.000 euros para el estudio de la calidad del aire y los 45.000 para los Consells de Districte; y añadir 600.000 euros para habilitar el Palau d’Esports, invertir un millón de euros para nuevos buses municipales, otros 500.000 para el mantenimiento de los centros escolares y 55.000 para cooperación.

   Finalmente, la opción que se impuso fue la primera, ya que pese a que hubo disparidad de opiniones, el consenso mayoritario es que el ejecutivo de Ricomà ha impulsado «un cordón sanitario» contra el PSC desde el inicio del mandato. Asimismo, se considera que «pese a que hemos mostrado responsabilidad presentando un paquete de propuestas, lo cierto es que durante varias semanas estuvimos solicitando información de las cuentas, que no se nos facilitó», por lo que se optará por no iniciar las conversaciones «porque ahora ya es demasiado tarde» y se teme que el ofrecimiento al diálogo «sea solo una estrategia para presionar a los Comuns», que ahora tendrán la llave de las cuentas. 

La mochila de los casos judiciales
Asimismo, a nadie escapa que PSC y Esquerra arrastran varias polémicas que, incluso, han llegado hasta el juzgado. En este sentido, desde el PSC se critica que, a lo largo de la legislatura, «varios integrantes del gobierno local nos han acusado de prácticas corruptas». Enesta línea, dos son los episodios que han tensado especialmente la cuerda. El primero se dio en junio de 2020, cuando el ejecutivo liderado por Pau Ricomà (ERC) acordó que el Ayuntamiento se presentara como acusación particular en el caso Inipro contra el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros y la concejal Begoña Floria. De hecho, la petición de pena del abogado del Consistorio fue la más alta de todas –más incluso que la de la CUP y la Fiscalía–, ya que propone al juez 14 años y tres meses de cárcel para Ballesteros, y 10 años y tres meses para Floria. Esta personación, sin embargo, sigue pendiente de un último recurso que podría echar a la administración municipal del caso. 

Asimismo, tampoco hay que olvidar la decisión aprobada por el consejo de administración de Tarragona Ràdio de enviar a la Fiscalía un informe elaborado por un bufete de abogados con más de 800.000 euros en 238 pagos de la época de los socialistas en el gobierno. En este trabajo, que ya está en manos del Ministerio Público, se apunta a «subvenciones encubiertas y a pagos fantasmas o injustificados» durante años a entidades vinculadas a la órbita del PSC. Hace semanas, la formación socialista calificó esta acción como de «una vendetta, una venganza y una persecución de la concejal Varas por estar perdiendo todos los juicios laborales» contra el exasesor de Ballesteros, Josep Maria Bonet. Todo esto ha vuelto a helar el diálogo entre los dos principales partidos del Saló de Plens, y acerca un poco más a Ricomà a la dimensión desconocida de la prórroga presupuestaria y de la cuestión de confianza.  

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