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Atasco en los tribunales: la justicia de Tarragona tiene 49.181 casos pendientes

Los temas por resolver en los órganos de la provincia crecen un 8,5% en un año. Desde 2017 entran más asuntos de los que salen. Las hipotecas son una de las claves 

Raúl Cosano

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Dosieres de casos en el juzgado de cláusulas suelo de Tarragona.  Foto: Alba Mariné

Dosieres de casos en el juzgado de cláusulas suelo de Tarragona. Foto: Alba Mariné

«Hay volumen de trabajo, sí, para qué lo vamos a negar. Pero no veo que este juzgado esté colapsado. Yo sí hablaría de saturación», reconoce María del Carmen Marcos, jueza en Primera Instancia número 8 de Tarragona, el tribunal que ha ido a aglutinar todos los casos de cláusulas hipotecarias, incluidas las suelo, de la provincia. 

Es un ejemplo de la muestra general: la situación que vive toda la justicia, no solo por la falta de recursos denunciada ampliamente sino por el brutal impacto de la realidad social de la última década, que ha tenido mucho que ver con el estallido de la burbuja y la profunda recesión posterior. 

Marcos admite la difícil coyuntura de trabajo, no solo en su juzgado, sino en general, y reflexiona: «Puede que hagan falta más juzgados y más recursos. Socialmente las cosas han cambiado en los últimos años. La crisis ha tenido que ver. Hay más reclamaciones, hay más desahucios…». 

El órgano se reforzó con un juez más el año pasado, para intentar dar salida a tanto volumen. Las cifras son elocuentes y muestran que el juzgado asume el doble de casos de los que puede asimilar. En 2018 llegaron 2.120 asuntos, se resolvieron 1.089 y al término del año quedaban 2.789 pendientes. «Es problema del volumen de trabajo, no de las personas que están en ese juzgado, que cumplen y hacen lo que pueden», admite un abogado tarraconense. 

A finales de 2018 la justicia de Tarragona tenía pendientes 48.622 asuntos, una cifra que en el primer trimestre de 2019 ha crecido crecido hasta los 49.181 casos. Es el último balance disponible. Son 3.853 temas más con respecto al mismo periodo del año pasado, según las estadísticas ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Más balances recientes: entre 2017 y 2018 los asuntos pendientes se incrementaron en 3.741, un 8,5%. En 2018 se ingresaron 109.385 casos, por los 107.069 que se resolvieron. El desfase, pues, es de 2.316 asuntos sólo en un año, que excedieron lo que los órganos tarraconenses pueden asumir y que pasaron a engrosar la nómina de trabajos pendientes para jueces y magistrados. 

Por segundo año consecutivo, los tribunales de la provincia recibieron más casos de los que podían asumir. Eso ya sucedió en 2017, con 3.151 asuntos más asumidos que resueltos, poniendo fin a una dinámica de varios años en los que, pese al aumento del trabajo, los temas a los que se daba salida seguían superando a los que llegaban. Un ejemplo se vio en 2015, donde se dio resolución a unos 6.000 asuntos más de los que entraron. Sin embargo, la previsión actual no es nada halagüeña: sólo en el primer trimestre de este año llegaron a los tribunales tarraconenses 327 casos más de los que se concluyeron. 

«La situación es de colapso»
Ese tribunal de las cláusulas suelo, como todos los de España, está en el ojo del huracán. «El juzgado funciona bien pero que se centralicen allí todas las causas es una barbaridad», dice la abogada tarraconense Ingrid Vinaixa. Hay letrados que consideran que concentrar todas las cláusulas suelo en un tribunal por provincia ha sido fallido. Joan Andreu Reverter, presidente de la Comissió de Dret Bancari del Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, también es crítico con el sistema de concentración y especialización: «Es bueno para el ciudadano que pide una solución judicial pero es negativo que un juzgado con los mismos medios que el resto asuma todos los casos. La situación es de colapso, de saturación, tanto en Tarragona como en otras provincias». 

La hilera de agravios al consumidor es larga. No sólo las cláusulas suelo inundan la justicia. La lenta y pesada digestión de la crisis ha multiplicado los casos que llegan a los juzgados. En ello tienen mucho que ver las prácticas abusivas de la banca. Las reclamaciones de aquellos pequeños inversores que perdieron el dinero de sus acciones en el Popular son sólo una parte; afectados por las participaciones preferentes, por las subordinadas, por los créditos ‘swap’, por las ejecuciones hipotecarias, por los lanzamientos o, en general, por las condiciones generales de la contratación. 

La Audiencia Provincial pide refuerzos ante el problema de las cláusulas abusivas

A esas prácticas se puede añadir otro frente, el de las hipotecas ligadas al IRPH, dependiendo del fallo que emita el Tribunal de la Justicia de la UE, aunque el abogado ya ha cargado contra ese índice y abrió la puerta a reclamarlo en situaciones de abusividad y falta de transparencia. 

Pero el asunto va más allá de esa casuística ligada a derivas hipotecarias, como expone la Memoria de la Audiencia Provincial de 2018, publicada hace unos días: «Los ocho partidos judiciales que integran el mapa judicial provincial superaron en el módulo de asuntos fijado por el CGPJ tanto en su franja mínima como máxima en los asuntos civiles, sociales, mercantiles, de familia, penales de enjuiciamiento o de instrucción. Deben destacarse Instancia Tarragona, con un 52%, que se explica por el impacto de los asuntos de cláusulas suelo; Reus, Instancia, 37%; y Mercantil, Tarragona, 38%». Eso sí, la Memoria también cita un «pronóstico de mejora» en base a los «planes de refuerzo puestos en marcha, la entrada en funcionamiento de otro órgano de Primera Instancia en Reus y una cierta inflexión en el número de entrada de asuntos». 

El aviso de la Audiencia
Eso sí, esa memoria, elaborada y firmada por el presidente de la Audiencia, Javier Hernández, repasa algunas de las necesidades, que en parte tienen que ver con ese órgano. La Sección Primera de la Audiencia sufre carencias. «La reducción del personal de la secretaría, las intensas limitaciones para la sustitución externa en los supuestos de licencias o enfermedades y, desde luego, la asunción de competencia exclusiva en la resolución de los recursos derivados de conflictos hipotecarios o derivados de acción por cláusulas hipotecarias o bancarias abusivas hace que la Sección presente síntomas evidentes de superación de la capacidad funcional de respuesta en un término óptimo». 

La memoria –muy crítica con la Generalitat, a la que pide el calendario para la Ciutat de la Justícia– también reclama «alguna fórmula de refuerzo», ante el previsible aumento. «En el año 2018 no se ha podido cuantificar con precisión el impacto derivado de los recursos por cláusulas abusivas pero es del todo esperable que el mismo resultará muy alto y progresivo». De ahí que se pida «con urgencia» un plan de refuerzo en la Sección Primera, ligado a las cláusulas abusivas, para evitar «una situación de grave colapso de la justicia civil en Tarragona». 
También desglosa los planes de refuerzo desarrollados en los penales 1 y 4 de Tarragona, los sociales de la capital o de Reus o en el juzgado de primera instancia número 1 de la Capital del Baix Camp. Refuerzos, todos ellos, que han servido para la mejora, aunque siguen pendientes otras medidas para, en parte, sacar a la justicia del atolladero. 

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