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La Abogacía insta a investigar delitos de odio contra MENAs

ONGs suspenden a España por tener pendiente de aprobar el Reglamento de la ley de asilo de 2009 y por hacer de la protección internacional una carrera interminable de trabas

EFE

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Pancarta en una manifestación de la asociación de Ex-MENAs en Barcelona, en marzo de este año. ACN

Pancarta en una manifestación de la asociación de Ex-MENAs en Barcelona, en marzo de este año. ACN

Organizaciones como Unicef y Save the Children, entre otras, y la Abogacía del Estado, insistieron ayer a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a que investiguen posibles delitos de odio contra los niños y niñas que llegan solos a España. Mostraron su «profunda preocupación acerca del fenómeno de estigmatización creciente» de los menores extranjeros no acompañados, conocidos como MENAs.

Según estas organizaciones, en los últimos meses se han dado numerosos casos en los que «se ha criminalizado a estos niños a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público».

Las ONGs insisten en que «en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que el niño migrante no acompañado es sinónimo de delincuente o de problema de orden público». Hacen hincapié además en que una afirmación general sobre su criminalidad «vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España». Las manifestaciones y los «actos de contenido político» en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone, a juicio de las ONGs, «una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas». Estos discursos, dicen, «ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio».

España, por otra parte, sigue sin aprobar el Reglamento de la ley de Asilo de 2009, lo que genera «una grave inseguridad jurídica» a las personas que piden protección internacional y que inician procesos de solicitud de asilo, «una lista interminable de trabas y dificultades». Según el informe para la ONU que han realizado un grupo de ONG que trabajan con refugiados, España no solo no ha cumplido los compromisos que adquirió en 2015 en su última evaluación internacional, sino que ha retrocedido, coincidiendo con un gran aumento de solicitudes registradas en los últimos cuatro años que ha colapsado el sistema. A finales de 2018, quedaban por resolver 78.710 peticiones de asilo, cifra que en febrero de este año ascendía a 93.140 solicitantes esperando respuesta.

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