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El bloqueo político deja 'congelados' a pensionistas y funcionarios

La repetición de elecciones genera indignación por lo que representa de paralización e incluso vuelta atrás de algunas medidas. Los jubilados vuelven a perder poder adquisitivo

ÁLEX SALDAÑA/LUCÍA PALACIOS

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Imagen de una manifestación de jubilados en Tarragona para exigir unas pensiones dignas. FOTO: Pere Ferré

Imagen de una manifestación de jubilados en Tarragona para exigir unas pensiones dignas. FOTO: Pere Ferré

Sin Gobierno, ni expectativas de haberlo a corto plazo, las reformas que España necesita vuelven a quedar aparcadas ‘sine die’. Un Gobierno en funciones y sin presupuesto tiene limitado su poder ejecutivo, lo que tiene consecuencias directas sobre el bolsillo de millones de ciudadanos: pensionistas, funcionarios, trabajadores, parados...

En vilo por lo que puede significar para su economía doméstica está una quinta parte de la población: a día de hoy más de 8,8 millones de mayores (170.345 en Tarragona) no saben cuánto cobrarán a partir de enero. De momento, solo tienen asegurada una revalorización mínima del 0,25%, pues así lo contempla la ley actual, que se rige por la polémica reforma de las pensiones aprobada por Mariano Rajoy en 2013. Es decir, el próximo año su prestación apenas subiría una media de 2,5 euros, lo que provocaría una pérdida de en torno a un punto de poder adquisitivo.

Se trataría de un paso atrás. En los dos últimos años las pensiones mínimas han subido un 3% y el resto, un 1,6% en 2018 y un 1,7% en 2019, una vez que se dejó en suspenso la aplicación del Índice de Revalorización (IRP) establecido en dicha reforma. La promesa de los socialistas de derogar esta ley que abocaba a los pensionistas a una cuasi congelación de sus ingresos no se llevó a cabo y el método que se emplearía para el próximo año quedó en pactarse durante estos seis primeros meses del ejercicio.

Ante este panorama, los pensionistas no ocultan su indignación. Victoria Muñiz se manifestaba ayer, como cada miércoles desde hace unos meses, por las calles de Tarragona para exigir unas pensiones dignas. «Nos sentimos muy abandonados y muy enfadados. Se merecen que haya una abstención muy alta. Los políticos han demostrado que no están a la altura y deberían dimitir», dice con contundencia Victoria, que critica por igual a todos los partidos y les insta a que «se pongan las pilas».

Victoria, que reivindica su generación como «una gente que viene de una época en la que se ha luchado mucho», advierte que «no vamos a permitir que se nos utilice». Añade que arreglar el tema de las pensiones y revalorizarlas según el IPC es «una cuestión de justicia. Ahora nos dan una limosna, y no queremos limosnas. Los políticos son los que no han hecho su trabajo.

Por tanto, que se bajen ellos el sueldo o que se suban ese 0,25% que nos adjudican a nosotros y que nos aumenten a los demás lo que cobran ellos». Recuerda que «hay compañeros que cobran 300 euros y pico y reciben ayudas del ayuntamiento, para llegar a los 600 euros. Con eso no se puede vivir». Y promete que «seguiremos luchando y movilizándonos por nuestros derechos y por unas pensiones dignas. Los políticos están suspendidos».

Funcionarios, sin aumento

Otro colectivo que sufrirá las consecuencias del bloqueo político son los 2,5 millones de funcionarios (38.579 en Tarragona), que casi con toda probabilidad comenzarán el año sin la prometida subida salarial de al menos el 2%, puesto que, pese a haber un acuerdo firmado, también ha de aprobarlo el Ejecutivo y, en funciones, teóricamente no puede hacerlo. Oscar Venteo, presidente del sindicato CSIF en la provincia de Tarragona, recuerda que muchos funcionarios apenas llegan a los mil euros y que sobre ellos penden aún muchos recortes efectuados durante la crisis.

«No sólo hablamos de dinero, también de derechos que aún no han sido revertidos», dice. «Por eso, ayer mismo enviamos una carta al Gobierno para que garantice el cumplimiento de aquel acuerdo y haga efectiva en enero la subida pactada, aunque el diálogo es muy difícil, no encontramos interlocutor». Venteo apela al ingenio de los políticos para que «establezcan una figura jurídica que permita el aumento prometido del 2% a partir del 1 de enero. Es cuestión de voluntad política», asegura. Oscar Venteo no oculta su «decepción» con los políticos. «Su irresponsabilidad afecta a toda la sociedad, no sólo a los funcionarios. Hay demasiadas cosas paralizadas y eso nos perjudica a todos. Los políticos deben ser responsables».

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