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Trabajo reforzará la inspección para poner fin a los falsos autónomos

La ministra Yolanda Díaz anuncia que mejorará las prestaciones por desempleo y que el convenio autonómico prevalecerá sobre el del sector en algunos casos

LUCÍA PALACIOS

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Las empresas que emplean a repartidores, como Glovo o Deliveroo, entre otras, estarán bajo la lupa del Ejecutivo. FOTO: PERE FERRÉ/DT

Las empresas que emplean a repartidores, como Glovo o Deliveroo, entre otras, estarán bajo la lupa del Ejecutivo. FOTO: PERE FERRÉ/DT

La principal prioridad del nuevo Ministerio dirigido por Yolanda Díaz es conseguir que en España «impere el trabajo decente». Así lo repitió ayer en la Comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados, en la que presentó sus principales líneas de actuación.

Para «promover el empleo de calidad y con derechos», la próxima iniciativa en la que se centrará el Ministerio de Trabajo será luchar contra los falsos autónomos, para lo cual actuarán a través de dos vías. La primera es modificar la ley y clarificar la definición de lo que es un asalariado y un trabajador por cuenta propia, colectivo en el que –según dejó claro la ministra Yolanda Díaz– no se incluyen los empleados de plataformas digitales como los repartidores a domicilio. «Los falsos autónomos están encubriendo verdaderas personas trabajadoras asalariadas, un ejemplo de ello son muchos de los riders que vemos en nuestras calles», denunció la diputada de Unidas Podemos.

La segunda vía con la que pretenden perseguir la proliferación de falsos autónomos es reforzando las inspecciones y las sanciones a estas empresas con modelos de relaciones laborales fraudulentas. El Gobierno reforzará los efectivos para que se cumpla la ley en lo relativo a la jornada laboral, los salarios, los contratos temporales y la prevención de la discriminación. Se hace eco así la ministra de la demanda de los sindicatos de la Inspección de Trabajo, que aducen falta de personal.

La ministra Yolanda Díaz apuntó que este año desarrollará el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, con acciones específicas en los sectores y trabajos más problemáticos.

Los esfuerzos de la Inspección se centrarán en el abuso de la contratación temporal concatenada para un mismo trabajador o un mismo puesto; en el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo, como por ejemplo los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios.

Para reforzar el sistema de control y sancionador utilizarán mecanismos de big data, según detalló. «Ahora es especialmente importante reforzar el papel de la inspección para atender a las nuevas formas de trabajo atípico», señaló, al tiempo que criticó algunas Ofertas de Empleo Público (OPE) que se publican en materia de género y de edad que son «vergonzantes».

Pese a que en su intervención inicial pasó de puntillas por su promesa de derogar la reforma laboral, rechazó la críticas realizadas por algunos grupos parlamentarios de que no veían ahora «compromisos concretos» en esta materia. «Mentiría si dijera que la voy a derogar de golpe, pero vamos a cambiar la reforma laboral», aseguró la diputada gallega. No quiso dar detalles porque están ahora en plena negociación con patronales y sindicatos, pero sí avanzó que se va a derogar la actual prevalencia del convenio de empresa para en algunos supuestos darle prioridad al convenio sectorial, y, en otros, al convenio autonómico.

Cobertura digna

Otro de los objetivos inmediatos de la ministra de Trabajo es unificar y mejorar el sistema de protección por desempleo, ya que aún hay más de 3,2 millones de parados registrados, a los que quiere aumentar la cobertura y «garantizarles unos ingresos dignos y estables». Para ello establecerá una nueva regulación del sistema asistencial por desempleo con el objetivo de elevar la tasa de cobertura y la intensidad para las personas que lo necesitan. Se trata de unificar el sistema por desempleo. En esta misma línea de mejorar las ayudas, se comprometió a aumentar el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), el indicador por el que se actualizan muchos subsidios y ayudas públicas y que lleva una década congelado.

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