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Los municipios de costa reclaman compensaciones al Estado por la desaparición del IBI de las autopistas

Roda de Berà y Creixell, entre otros municipios, consideran que estos ingresos eran claves en su gestión municipal. Su ausencia implica buscar otras fórmulas para mantener los ingresos sin que se afecte al bolsillo del ciudadano

Jordi Cabré

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FOTO: Alfredo González

FOTO: Alfredo González

La gratuidad de la autopista ya lleva disfrutándose 17 días desde Vila-seca hacia el norte y más de 20 meses desde ese punto en sentido sur. Esta nueva normalidad viaria repercutirá en las arcas de los municipios por donde discurre la AP-7, que dejarán de percibir un IBI que cobraban de la concesionaria.

Por esta razón, algunos de los municipios (los más pequeños y los que agradecían más estos ingresos) están planteando reclamar al Estado que bonifique la pérdida de este IBI. En algunas ciudades, el importe que pagaba Acesa era bienvenido, pero no alteraba la confección de los presupuestos. En cambio, en los más pequeños, cada céntimo tenía valor para poder desarrollar proyectos o la gestión corporativa.

El alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, es uno de los que defiende que el Estado «compense» esta pérdida de ingresos. En este municipio del Tarragonès, el dinero de la AP-7 significa un 1,22% del presupuesto (187.518,56 euros de los 15,3 millones redondeando de las cuentas). «Nuestra idea de cara a las ordenanzas fiscales del próximo año, que nos gustaría aprobar en octubre, es la de congelar tasas e impuestos. No queremos subirlas y compensar esta pérdida de dinero. Consideramos que los vecinos no tienen que hacer este esfuerzo y por ello reclamaremos al Estado la compensación».

En el mismo sentido se pronuncia el alcalde de Creixell, Jordi Llopart. «Lo primero que tendremos que conocer es si el dinero recaudado en 2020 será igual este año, puesto que la concesión se ha terminado cuatro meses antes y me temo que solo nos paguen 8 meses». Para Llopart, la pérdida de los 70.000 euros en cifras redondas que recibía Creixell es un importe agradecido en un presupuesto de 6,4 millones y una deuda que todavía arrastra de años anteriores.

«Estos 70.000 euros realmente tienen un peso más elevado que el importe que reflejan. Su ausencia es un contratiempo importante y que deberemos buscar cómo recuperarlo. Pero no será a costa del bolsillo de los vecinos».

Altafulla también es un municipio pequeño en esta línea de la costa. Su alcalde, Jordi Molinera, admite que lo que paga la concesionaria es una cantidad importante y que es una lástima perderla, pero añade que hay otros municipios más pequeños que sí tienen más dependencia que Altafulla. Molinera apunta que «tenemos contemplado retoques en los presupuestos de 2022 para contrarrestar este dinero que no vendrá». Termina recordando que la infraestructura viaria pasa a manos públicas y que éstas deben tener en cuenta inversiones para su mantenimiento y mejoras a partir de ahora.  

Al igual que la visión de Altafulla, los grandes municipios por donde discurre la AP-7 (gratuita desde hace más de dos semanas), la pérdida de estos ingresos son relativamente pequeños en la gestión por lo que consideran que podrán cubrir la «pérdida» sin necesidad tampoco de aumentar la presión fiscal a los vecinos.

Los que ya tienen experiencia

La situación nueva que viven desde Vila-seca hacia el norte ya la tienen asumida los municipios en sentido sur. Así, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig y Cambrils ya tenían su tramo de autopista gratuito desde 2020, cuando desaparecieron los peajes del trazado hasta Alicante. Así, el dinero que cobraban en concepto de IBI desapareció. En ambos municipios se buscaron vías alternativas para compensar los 760.032 euros que recibían de la concesionaria Aumar.

En Vandellòs se admite que los más de 317.000 euros que se cobraban  hasta 2019 ya son historia y aunque se ha intentado buscar otras vías compensatorias, no ha sido posible. A pesar del dinero «perdido», el municipio tiene otras fuentes de ingresos gracias a la industria energética que hay en su territorio (una central nuclear y una térmica), por lo que el dinero ausente «ha sido menos grave» que en otros municipios pequeños.

En Mont-roig también lleva casi dos años sin los casi 269.000 euros de la AP-7. El Ayuntamiento tiene un presupuesto importante y la cantidad es relativamente pequeña. Sí se añade que se busca compensar el dinero con otras fórmulas como solicitud de otras subvenciones. Finalmente, en Cambrils, los 174.000 euros que dejaron de entrar en las arcas de 2020 tampoco supusieron un gran descalabro económico (0,36% del presupuesto). 

Vila-seca logró en los tribunales el cobro del 100% del impuesto

A finales de 2009, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentó un precedente a nivel estatal. El denunciante fue el Ayuntamiento de Vila-seca y el motivo anular la bonificación del 95% al IBI que pagaban las concesionarias de autopistas.

Vila-seca empezó su cruzada judicial en 2003. Se amparó en dos leyes: la Reguladora de Haciendas Locales y la de Presupuestos Generales para argumentar que tenía derecho a una compensación por la bonificación del IBI. Hasta la fecha, la ley de autopistas era la que amparaba la excempción del 95% del impuesto.

El Ayuntamiento agotó las vías de diálogo sin éxito y ante la negativa de la Dirección General de Fondos Comunitarios y de Financiación Territorial, se decidió ir a los tribunales. 

El contencioso-administrativo se resolvió en 2008 y la sentencia falló a favor de Vila-seca. El Ayuntamiento en diferentes recursos logró ingresar las bonificaciones desde 1999 (los años anteriores ya habían prescrito) y abrió una puerta para que otros municipios siguieran el mismo camino.

La Diputació de Tarragona (en aquella época el presidente era el mismo alcalde de Vila-seca, Josep Poblet) abanderó la reclamación de los 36 municipios de la provincia por donde discurrían tramos de autopista, de las concesionarias Aumar y Acesa (ambas del grupo Abertis).

El Estado tuvo que compensar el dinero reclamado tras el fallo judicial,  ya que desistió presentar recurso en el tribunal Supremo.

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