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La Fiscalía estudia si los cortes en la AP-7 y el AVE son actos terroristas

Mossos, Policía y Guardia Civil envían los atestados a Madrid por 
la causa a Tsunami ante la dificultad de identificar a los cabecillas

MATEO BALÍN

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Los CDR cortaron el pasado miércoles la autopista AP-7 a su paso por Girona. FOTO: EFE/DAVID BORRAT

Los CDR cortaron el pasado miércoles la autopista AP-7 a su paso por Girona. FOTO: EFE/DAVID BORRAT

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido los atestados policiales de los actos de protesta y sabotaje que tuvieron lugar en la Autopista AP-7 y en la línea del AVE en Bàscara (Girona), respectivamente, organizados por Tsunami Democràtic, la plataforma a quien el juez instructor García Castellón investiga en una pieza separada de la ‘operación Judas’.

Los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que comparten la actuación en un centro de coordinación (Cecor) en Barcelona desde que se iniciaron las protestas tras la sentencia del Procés, el pasado 14 de octubre, consideran que la investigación sobre los convocantes y los actos llevados a cabo en Girona podría ayudar a la identificación de los responsables de este colectivo. Tsunami preconiza la ‘no violencia’ y la desobediencia activa, y se mueve a través de las redes sociales, una aplicación de móvil restringida y el canal Telegram de mensajería móvil instantánea.

Precisamente, el juez de la ‘operación Judas’, la causa por la que están en prisión siete integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de delitos de terrorismo, abrió una investigación por los mismos hechos contra la citada plataforma. En esta pieza secreta ha ordenado cerrar sus páginas web y perfiles en redes sociales, pero los responsables de Tsunami eludieron la clausura ya que los servidores los tienen en el extranjero (una primera pista llevó hasta Rumanía, según expertos informáticos, aunque se ha pedido información adicional a las autoridades estadounidenses y/o canadienses).

Fuentes de la Audiencia Nacional aclararon ayer que la remisión de estos atestados no se centra tanto en las protestas violentas en sí como en la organización de las mismas, por lo que el objetivo no es asumir las investigaciones abiertas contra los más de doscientos detenidos que han dejado las movilizaciones (170 identificados por desórdenes públicos solo por los actos de Girona), sino en seguir indagando en la estructura que dirige. Un cometido que está provocando auténticos quebraderos de cabeza a los investigadores policiales.

Para la Policía, en cualquier caso, el seguimiento a los ‘cabecillas’ de Tsunami no evita que algunos de los comunicados del colectivo o de los CDR refuercen la tesis de que las acciones tras las elecciones generales del domingo se pueden investigar judicialmente como un delito de terrorismo.

En su cuenta de Twitter, los CDR se felicitaron este miércoles de las acciones de protesta de los últimos días y de las pérdidas económicas generadas con el bloqueo de accesos y de mercancías procedentes de Europa, y aseguraban que el caos seguirá, con una amenaza: «Independencia o barbarie», dentro de un «nuevo ciclo de acciones de la revuelta popular».

El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, tiene ahora en su mano incorporar estos atestados a la causa contra Tsunami para reforzar la tesis terrorista de sus acciones.

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